España, un país que no hace demasiado se consideraba como una de las economías prometedoras de Europa, donde la Prensa se hacía eco de las voces de los políticos  respecto a lo que llamaban “El nuevo milagro económico español”, entró en otoño de 2007 en una profunda recesión económica.  La inmensa burbuja en el que se había convertido el sector inmobiliario empezó a desmoronarse, siguiendo la crisis de los “Suprime” que azotaba Estados Unidos. A esta situación cabría sumarle como agravante los elevados tipos de interés que el BCE estaba aplicando desde hacía meses para intentar controlar la inflación de los principales países de la UE y que llegaron a su máximo histórico en el año 2008. Estos dos factores generaron la pérdidas de miles de puestos de trabajo, que generó numerosos casos de morosidad bancaria, llenando los juzgados con peticiones de ejecuciones inmobiliarias, cosa inédita en la Historia española.

En el año 1998, el gobierno de José María Aznar, con el apoyo de Convergencia y Unió, modificó y liberalizó la Ley de Suelo. El Gobierno del Partido Popular lo defendió como una necesidad para corregir un déficit estructural del mercado, al igual que una forma para terminar con la corrupción en las instituciones, principalmente ayuntamientos, que aprobaban las licencias de construcción. Con el Euro en el horizonte como moneda única, la liberación del sector se convirtió en un lucrativo negocio para deshacerse del dinero negro generado en Pesetas y blanquearlos en Euros sin alardes financieros, cosa que, a su vez, lejos de eliminar la corrupción, la institucionalizó. Un reflejo del afloramiento del dinero negro lo podemos encontrar en la circulación de billetes de quinientos Euros, que aumentó en un 900% desde la implementación de la moneda única hasta el año 2006, obligando a la Hacienda Pública a aumentar el control sobre el movimiento de estos billetes.

Otros factores importantes que influyeron en el incremento de los precios del mercado inmobiliario fue el “baby boom” y el incremento de la inmigración, así como las favorables condiciones en los préstamos hipotecarios, que se otorgaban sin apenas análisis del riesgo sobre tasaciones de inmuebles sobrevalorados, con alto capital, bajos tipos de interés y largos periodos de amortización.

Según el portal Idealista.com, entre los años 2000 y 2007 el incremento interanual del precio de la vivienda fue entre un 10% y un 20%. Este incremento de los precios creó un círculo vicioso en el sector de la Construcción, donde se llegaron a aprobar y construir proyectos urbanísticos absolutamente desproporcionados.

Con la llegada de la crisis crediticia a España y el parón económico se engrosaron las listas del paro, sobretodo en el sector de la Construcción, que de forma directa o indirecta, había sido uno de los sectores que más trabajadores empleaba. Muchas familias se vieron sin la capacidad económica para asumir unas cuotas hipotecarias que, además subían constantemente debido al aumento de los tipos de interés, convirtiéndolos en morosos de las entidades financieras con las que firmaron la hipoteca. Las ejecuciones hipotecarias aumentaron de los 5.000 registrados en el tercer trimestre de 2007 a los 27.000 registrados en el primer trimestre de 2010.

Producto del ahogo y del descontento generalizado ante los deshaucios, surgieron varios movimientos sociales que reclamaban cambios económicos, sociales y políticos. Uno de los más importantes es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que apareció en 2009 para defender los derechos de aquellos afectados por la crisis y luchar contra los desahucios. La Plataforma consiguió llamar la atención de los medios de comunicación, al igual que creó una Red de Asesoramiento para ayudar a víctimas de ejecuciones hipotecarias. También promovió una Iniciativa Legislativa Popular, que se discutió en el Parlamento, pese a que tuvo poco efecto por el bloqueo del Partido Popular a la moción, aprovechando su mayoría absoluta.